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Noticia publicada originalmente en El Periódico Mediterráneo

El pasado 13 de julio tuvo lugar el “III Foro del Agua de Castellón”, un evento organizado por el periódico Mediterráneo con el patrocinio de FACSA. La temática de la presente edición giró en torno a ‘Las palancas de la recuperación: sostenibilidad, eficiencia, agua, digitalización y colaboración público-privada’.

En este evento, en el que estuvo el President de la Generalitat, Ximo Puig, ha anunciado que el Consell presentará distintos proyectos tractores vinculados a la gestión del agua con el fin de obtener parte de los 2.091 millones de euros dirigidos a preservación del litoral y recursos hídricos incluidos en el plan de recuperación financiado con fondos europeos. El líder del Consell ha cerrado su intervención apelando de nuevo a la unidad frente a los retos contra el cambio climático para lograr la sostenibilidad al señalar que “lo fundamental es como pueden rentabilizarse al máximo las sinergias”. En este punto, destacó proyectos como el denominado WATER UJI, desarrollado por la Universitat Jaume I y FACSA, como uno de los que ya están en marcha y “hay que acelerar”, dijo.

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El director de la Cátedra FACSA de Innovación en el Ciclo Integral del Agua de la Universitat Jaume I, Sergio Chiva Vicent, apela a ser más eficientes en el uso del agua antes que recurrir a trasvases y señala que las desalinizadoras pueden ser estratégicas en el futuro para paliar una posible escasez y cree que los fondos europeos pueden ser un punto de inflexión para que la provincia cree empresas innovadoras en materia hídrica.

-¿Cuáles son los principales retos que usted describiría en materia hídrica que debe acometer la provincia en los próximos años?

La más que probable reducción de los recursos hídricos provocado por el cambio climático va a acentuar la necesidad de nuevos esfuerzos para asegurar el acceso al agua en la provincia. Desde el punto de vista de la disponibilidad de los recursos hay tres retos importantes. Una gran parte del agua de la provincia, hasta 95% del agua que bebemos, proviene de acuíferos, y estos, sobre todos los de la costa, presentas problemas serios de sobreexplotación, intrusión marina y contaminación. Y aunque ha ido mejorando en los últimos años, mantiene todavía indicadores preocupantes. Por otra parte, la reutilización del agua debe implementarse de forma decidida, actualmente sólo un porcentaje muy bajo se reutiliza, y no sólo se trata de instalar la tecnología necesaria, sino que se debe establecer una política clara que habilite su uso de forma competitiva para que este recurso sea eficaz. Y por último tenemos la desalinización, un recurso con mucho potencial, que por suerte tenemos disponible en la provincia, y hay que debemos incorporar con naturalidad. Pero para ello debemos por un lado salvar el escollo del coste, y por otro habilitar conexiones desde las desalinizadoras a las redes existentes. Desde el punto de vista de la gestión hídrica, el mayor reto que debemos afrontar es el cambio de una concepción exclusivamente municipal del agua hacia estructuras supramunicipales, creando redes que permita compartir recurso y costes. El esfuerzo de la diputación con el diseño del reciente plan director, o los consorcios ya existentes apuntan hacia esa dirección, pero debe hacerse un mayor esfuerzo para coordinar todas estas acciones en una dirección clara y compartida con los usuarios.

–¿Son las desaladoras la solución al problema hídrico provincial?

Las desalinizadoras deben ser una más de las fuentes de recursos hídricos que tenemos en la provincia. Un recurso que actualmente ya es importante, pero que podría ser especialmente estratégico en el futuro para paliar una posible escasez. Tenemos suerte de disponer de infraestructuras como la desalinizadora de Moncofa y Cabanes-Orpesa, y si conseguimos conectarlas de forma adecuada a la red, estas instalaciones a pleno rendimiento pueden ser un seguro crucial para provincia. El problema se centra en la amortización de las instalaciones, un problema en el que no podemos seguir mirando hacia otro lado. La administración estatal deberá posicionarse, y resultaría absurdo que la solución pase por someter a algunos municipios a un imposible esfuerzo financiero. Pero no olvidemos que la directiva marco del agua europea insta a la recuperación de costes en las instalaciones, repercutiendo en algún modo su amortización en los usuarios. Y esta lección la tenemos que tener muy clara para las futuras instalaciones que planifiquemos, y en la política tarifaria que establezcamos.

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